El uso de drones y otros dispositivos tecnológicos para vigilar, rastrear o recopilar información con fines delictivos tendrá consecuencias más severas en el Estado de México. El Congreso local aprobó una reforma al Código Penal, impulsada por la diputada Carmen de la Rosa Mendoza, que establece agravantes para estas conductas y sanciones de hasta 13 años y 4 meses de prisión.
La modificación contempla el uso de drones, dispositivos de geolocalización y sistemas de videovigilancia para captar imágenes, sonidos, señales o cualquier información con el propósito de acechar, espiar o causar daño a personas.
El dictamen fue enriquecido con aportaciones de distintos grupos parlamentarios y de la Fiscalía estatal. La reforma no prohíbe el uso general de estos dispositivos, sino que sanciona su utilización con fines delictivos, además de buscar proteger a personas servidoras públicas, particulares e instituciones de seguridad y justicia.
